Este procedimiento consiste en el poder que tiene la Administración de ejecutar las deudas existentes contra ella, sin necesidad de acudir a los Tribunales, pudiendo incluso llegar al empleo de la coacción en caso de resistencia de los deudores.

Cuando se dicta un acto administrativo que establece una obligación personal, frente al incumoplimiento por parte de la persona obligada, la administracion podrá tomar varias medidadas, como por ejemplo la ejecición subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas y principalmente el apremio sobre el patrimonio.
 

En virtud de un acto administrativo si se hubiere de satisfacer la cantidad líquida se segurá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, asi será la administración pública la encargada del cobro de las deudas pecuniarias, y llegando si procede al embargo de cuentas o bienes del apremio.
En España este procedimiento de apremio está regulado en el Reglamento General de Recaudación.